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2 jul 2009

Las estafas no se pagan.


Inflación. Desocupación. Recesión. Déficit fiscal. Desigualdad en la distribución del ingreso. Devaluación. A diario el argentino común escucha hablar de estos males que desde diferentes lugares lo atraviesan y le cierran las puertas del hospital público por falta de insumos, tampoco le garantizan la enseñanza publica para uno de sus hijos que empieza el primer grado, mucho menos permiten que pueda acceder al crédito hipotecario para dejar de pagar el alquiler que mes a mes incrementa.
Entonces se pregunta cuándo podrá contar con un Estado que le garantice una vida digna ... y también es entonces cuando se encuentra con una institución atada de pies y manos, dependiente cada día más de la “benevolencia” de los organismos internacionales gracias a la deuda que mantiene con las potencias mundiales.
¿Cómo fue que a partir de los años setenta la deuda externa argentina se ha crecido a pasos gigantescos para llegar a la democracia de 1.983 con un total de U$S 45.100.000 y luego a los años noventa con U$S 146.000.000 ?
Lo cierto es que el proceso de endeudamiento argentino, durante el período de 1976-1983 no tiene justificación legal, ni administrativa, ni económica. Procedimientos discrecionales, transgresiones, irregularidades, comportamientos y gestiones que conforman verdaderos actos ilícitos.
Las pericias judiciales consideran probadas las denuncias que dieron origen al juicio penal de la deuda caratulado como Causa 14.467 "Olmos Alejandro s/Denuncia". A través de esta causa se ha comprobado que las empresas públicas fueron obligadas por la autoridad económica a endeudarse a través de la banca privada internacional, aún sin necesitar financiamiento y casi la totalidad de éstas no percibieron un solo dólar de su supuesta deuda externa, como en el caso concreto de YPF. Por otro lado, préstamos contratados en el exterior y manejo inescrupuloso de los fondos públicos ... entre otros delitos.
“En el exterior se asombran, porque éste es el único país del mundo que tiene una investigación sobre la deuda externa” explicó oportunamente el historiador, hijo de un ex asesor del Senado de la Nación homónimo que en 1982 decidió presentar una denuncia que investigue las irregularidades de los préstamos internacionales: Alejandro Olmos.
Su padre fue el mayor investigador sobre la deuda externa argentina y siempre supo que el camino judicial local no prosperaría, pero confiaba en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí quiso hacer pública toda la documentación que halló, incluido un documento donde la Argentina renuncia a cualquier presentación penal si los contratos firmados con los acreedores estuvieran fuera de la ley.
Así es como surgen dos bibliotecas sobre el tema, por un lado la que sostiene que gran parte de la deuda es ilegitima y por lo tanto ya ha sido pagada varias veces y por el otro, aquella que no da brazo a torcer al respecto. Mientras tanto, los astronómicos intereses y amortizaciones llevan a sustituir la transferencia de dinero por los patrimonios que se traducen nada menos que en, servicios y empresas públicas y reservas que tradicionalmente han operado como respaldo de la moneda nacional.
Por los días que corren la deuda argentina asciende a U$S 225.000.000 por sobre esta escalofriante cifra vale preguntarse, y por encima de los gobiernos nefastos que trabajaron arduamente para dejarle a cada ciudadano una deuda de U$S 1.827.000: ¿A quién precisamente le interesó y le sigue interesando que la deuda tanto argentina como la de los demás países latinoamericanos crezca año tras año? Seguramente la respuesta coincide con el nombre del ente asociado que busca, porque le conviene, el empobrecimiento económico, social y cultural de América Latina.